[ACTUALIDAD DIARIA]

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Derecho al honor. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la libre información: condena civil por unas declaraciones en rueda de prensa de un Secretario de Estado sobre expediente disciplinario a funcionarios que no están protegidas por el derecho fundamental, no ofrecieron información veraz ni fueron rectificadas; sentencia que no es incoherente. Voto particular.

(publicado en Actualidad Diaria 747 el 18 de abril de 2006)

Recurso de amparo promovido por don José Borrell Fontelles frente a las Sentencias de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenaron al abono de indemnizaciones por intromisión en el derecho al honor de unos funcionarios.
La presente resolución resuelve el recurso de amparo interpuesto por don José Borrell Fontelles el día 11 de febrero de 2002 contra la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2001 recaída en casación contra otra dictada por la Audiencia Provincial de Madrid el 17 de abril de 1996, que a su vez estimaba el recurso de apelación interpuesto por don Eugenio y don José Luis contra Sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia núm. 34 de Madrid el 21 de marzo de 1994.
La Sentencia recaída en apelación considera que las declaraciones vertidas por el recurrente, siendo Secretario de Estado de Hacienda, de que se ha abierto un expediente sancionador sobre dos funcionarios (que no identifica nominalmente, pero sí a través de sus puestos de trabajo) por la presunta valoración fraudulenta de diversos inmuebles de la Costa Brava en connivencia con seis inmobiliarias de la zona, lesionan el derecho al honor de los afectados. Tal decisión se justifica en que la noticia aportada no es veraz, ya que el expediente sancionador incoado a éstos versaba, en realidad, sobre infracciones administrativas de índole diferente y de gravedad notoriamente menor, referidas a la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación de un concurso en relación con material informático. La Audiencia Provincial de Madrid concluye su argumentación afirmando que la actuación del Secretario de Estado de Hacienda no fue diligente, ni en ese momento ni posteriormente, cuando la Asociación de Ingenieros de Montes al servicio de la Administración solicitó que aclarase la cuestión y se disculpara, lo que ha ocasionado un daño moral en los funcionarios afectados, por lo que le condena el pago de dos millones y medio de pesetas a cada uno de ellos.
El recurrente mantiene que las Sentencias recurridas lesionan su libertad de información [art. 20.1 d) CE] y su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
El tribunal deniega el amparo.