[ACTUALIDAD DIARIA]

[J]

Supuesta vulneración de los derechos a la integridad moral y a la tutela judicial efectiva: derecho a indemnización de los hermanos mayores de edad de una persona fallecida en accidente de tráfico según los baremos legales (STC 190/2005).

(publicado en Actualidad Diaria 777 el 1 de junio de 2006)

Cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Audiencia Provincial de Pontevedra respecto del punto 4 del apartado primero del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, redactado por la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, mediante Auto de 14 de octubre de 2002, plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto del punto 4 del apartado primero del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en la redacción dada por la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados (en adelante, LRC), el cual dispone literalmente que “[t]ienen la condición de perjudicados, en caso de fallecimiento de la víctima, las personas enumeradas en la tabla I y, en los restantes supuestos, la víctima del accidente”, en relación con la explicación que para la tabla I se establece en el párrafo primero de la letra a) de apartado segundo de dicho anexo, en que se establece que “[c]omprende la cuantificación de los daños morales, de los daños patrimoniales básicos y la determinación legal de los perjudicados, fijando los criterios de exclusión y concurrencia entre los mismos”; contenidos ambos de aplicación al caso que debe resolverse en el proceso pendiente ante la Audiencia Provincial citada, de modo que su fallo depende de lo que sobre la constitucionalidad de las normas cuestionadas aquí se decida. La pretendida inconstitucionalidad de tales preceptos la fundamenta el Auto proponente en la conculcación que los mismos suponen del derecho a la integridad moral (art. 15 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de quienes, afectados por el fallecimiento de víctima en accidente de circulación, no son contemplados como perjudicados en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, con las negativas consecuencia de tipo indemnizatorio que ello comporta. Es de señalar que las normas citadas se corresponden con la misma numeración de las contenidas en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que ha pasado a ser el texto legal regulador de la materia.
El Tribunal Constitucional desestima la cuestión.