[ACTUALIDAD DIARIA]

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LEY [LA RIOJA] 8/2006, de 18 de octubre, de transporte interurbano por carretera de La Rioja.

(publicado en Actualidad Diaria 876 el 17 de noviembre de 2006)

La presente Ley se estructura en diez capítulos, seis disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y dos finales.

El Capítulo I se refiere a las Disposiciones Generales, el objeto y ámbito de aplicación de la Ley, las definiciones y los principios básicos y objetivos. De este capítulo cabe resaltar que el artículo 2 incluye entre sus definiciones la del «transporte a la demanda» figura nueva que se espera sea de gran utilidad para resolver la demanda de movilidad en zonas rurales. Además, entre los principios básicos y objetivos hay que citar, por un lado, la modernización del transporte regular y por otro, la atención a los sec­tores sociales menos favorecidos, a las personas con movilidad reducida y a las zonas de baja densidad de población.

El Capítulo II se refiere a la planificación, ordenación y coordinación, así como a los órganos de gestión, participación y arbitraje. Como principales novedades deben señalarse la obligación de implan­tar las medidas de planificación de acuerdo con las directrices de los Planes Directores, especialmente en cuanto al ámbito metropolitano de Logroño. Debe citarse también la creación de la figura de los Pla­nes de Movilidad que se conciben como un instrumento técnico y jurídico que es respetuoso con las competencias reconocidas a los municipios, tanto por la legislación de régimen local como por la legis­lación sectorial del transporte urbano. Además, este Capítulo II crea el Consejo Autonómico de Transportes de La Rioja como órgano de participación, debate y consulta. En cuanto a la Junta Arbitral de Transportes, se respeta rigurosamente la legislación estatal.

El Capítulo III se refiere a los títulos habilitantes y a las condiciones objetivas y subjetivas precisas para el ejercicio de la actividad. Los servicios de titularidad pública quedan sujetos al otorgamiento de la previa concesión administrativa en tanto que los servicios privados de interés público quedan sujetos a autorización. En todo caso, en la regulación de las condiciones para el ejercicio de la actividad la pre­sente Ley se atiene -como no podía ser menos-a la normativa de la Unión Europea.

El Capítulo IV regula los servicios de transporte cuya titularidad se reserva a la Administración, es decir, los servicios de transporte regular permanente de viajeros de uso general. La regulación de la Ley sigue de cerca la regulación establecida en la legislación estatal por las razones que ya se han visto. Como principales peculiaridades cabe citar las relativas a los plazos concesionales, las excepciones al principio de exclusividad y las concesiones zonales, que podrán incluir servicios a la demanda.

El Capítulo V se refiere a los servicios de titularidad privada e interés público, o servicios privados reglamentados. Tienen esta naturaleza tanto los servicios regulares de especiales características como los discrecionales, los turísticos y los privados. Como novedad cabe señalar que se ha previsto la posi­bilidad de atender la demanda de carácter general mediante servicios escolares en zonas de baja densi­dad de población y siempre que se cumplan rigurosamente los requisitos sobre seguridad en el transporte escolar. Además, como consecuencia de la preocupación por atender debidamente la demanda en zonas de baja densidad de población, se ha regulado la figura novedosa de los servicios de transporte a la demanda. Estos servicios se clasifican en función de que los itinerarios se determinen totalmente en función de la demanda o no.

El Capítulo VI regula las estaciones de viajeros en concordancia con la legislación de La Rioja regu­ladora del transporte urbano.

En cuanto al régimen financiero, regulado en el Capítulo VII, cabe señalar que se reitera el principio de riesgo y ventura sin perjuicio de admitir subvenciones a los servicios regulares en los casos en que ello sea necesario por razones de interés público.

El Capítulo VIII regula de forma completa los derechos y deberes de los usuarios: Derecho de audiencia de las asociaciones de usuarios, derecho a un trato correcto, a la accesibilidad para las personas de movilidad reducida, etc.

En cuanto a las infracciones y sanciones, los Capítulos IX y X se han atenido -como era de toda lógica- al contenido de la legislación estatal sancionadora, con algunas peculiaridades que era inevitable introducir.

La Ley se cierra con seis disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y dos finales. De todas estas disposiciones cabe destacar la transitoria segunda que prevé un proceso de sustitución de concesiones análogo al iniciado en su momento como consecuencia de la Ley estatal 16/1987. La susti­tución de concesiones se ha estimado que era el instrumento más adecuado para modernizar a corto pla­zo el sistema concesional de La Rioja sin repercusión en tarifas ni subvenciones. Los plazos de las nue­vas concesiones serán de entre 10 y 25 años.