[ACTUALIDAD DIARIA]

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Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad penal: resoluciones judiciales motivadas sobre la extensión y alcance de la compensación de deudas tributarias en suspensiones de pagos; la extinción de deudas tributarias es ajena al principio de personalidad de la sanción (STC 36/2000).

(publicado en Actualidad Diaria 897 el 20 de diciembre de 2006)

La demanda de amparo se dirige formalmente contra el Auto de la Sección Duodécima ter de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de noviembre de 2003, que confirmó en apelación el Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 26 de Madrid de 4 de septiembre de 2000, es a esta última resolución judicial a la que le serían imputables en su origen las vulneraciones de derechos fundamentales invocadas por la entidad recurrente, en tanto que le sería reprochable a aquel Auto no haber remediado, en su caso, dichas vulneraciones. El mencionado Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 26 de Madrid de 4 de septiembre de 2000 dejó sin efecto en el procedimiento de suspensión de pagos núm. 1516/87 la providencia de 27 de marzo de 2000, por la que se requirió a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que reintegrase a la comisión liquidadora del patrimonio de don Evaristo Julio Ballesteros Gómez, solicitante de amparo, la cantidad de cuatro millones novecientas veinticuatro mil setecientas veintiuna pesetas (4.924.721 pesetas) adeudada por el suspenso a la hacienda pública en concepto de multas, recursos eventuales e intereses, y que había sido compensada de la cantidad que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria debía devolver (87.225.721 pesetas) a la citada comisión liquidadora como consecuencia de la anulación por el Tribunal Económico-Administrativo Central de las liquidaciones practicadas al suspenso por el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto general de tráfico de empresas correspondientes a los ejercicios de 1982 a 1985.
La demandante de amparo imputa a las resoluciones judiciales recurridas, en primer término, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por carecer de la necesaria fundamentación jurídica, al confundir las deudas de origen tributario con otra clase de deudas exigibles por la vía de apremio, a las que no sería aplicable el mecanismo de compensación previsto en el art. 68 de la Ley general tributaria (LGT) de 1963, así como al permitir el derecho a la ejecución separada de los créditos privilegiados, como son los de la hacienda pública, respecto de créditos posteriores al expediente concursal y no incluidos en la lista definitiva de acreedores. En segundo lugar reprocha a los Autos impugnados la lesión del principio de personalidad de la sanción (art. 25.1 CE), ya que hacen responsables a la comisión liquidadora y a los acreedores de los ilícitos administrativos cometidos por el suspenso, al admitir que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pueda compensar de la cantidad que debía devolver a la comisión liquidadora las multas económicas impuestas al suspenso por infracciones de carácter administrativo-laboral.
El Tribunal Constitucional desestima el amparo.