[ACTUALIDAD DIARIA]

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Vulneración del derecho a la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada: corrección procesal a un abogado por la protesta formulada en el juicio oral acerca del interrogatorio de un testigo y por recusar sin causa legal, pero sin ofensa ni descalificaciones personales.

(publicado en Actualidad Diaria 954 el 13 de marzo de 2007)

El Juzgado de lo Penal núm. 1 de Zamora, por providencia de 30 de junio de 2003 dictada en el procedimiento abreviado núm. 209-2002, acordó incoar expediente disciplinario en pieza separada, al estimar que la actuación del Letrado de la defensa durante la primera sesión de juicio oral podría constituir una falta de respeto debido a Jueces y Fiscales tipificada en los arts. 448 y 449.1 LOPJ. Tras verificarse el preceptivo trámite de audiencia, por Acuerdo del 10 de septiembre de 2003 se impuso al recurrente “la corrección disciplinaria de multa de dos meses con cuota diaria de doce euros por la falta de respeto y consideración debida a Jueces y Fiscales en su actuación en la primera sesión del juicio celebrada”, al considerar acreditado que “[d]urante el acto del juicio celebrado el 19 de diciembre de 2002, el letrado de los acusados, manifestó su protesta, alegando que SSª y el Ministerio Fiscal estaban coaccionando a los testigos y en un momento posterior recusó a la Juzgadora sin mencionar causa legal de recusación alegando falta de imparcialidad de la Juzgadora y sin seguir los trámites legalmente previstos”.
El recurrente interpuso recurso de audiencia en justicia alegando la prescripción de la infracción y la vulneración de los derechos al juez ordinario predeterminado por la Ley, a la imparcialidad judicial y a la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa. El recurso fue desestimado íntegramente por Auto de 24 de septiembre de 2003. Contra dicho Auto se interpuso recurso de alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, insistiendo en los mismos motivos. El recurso fue parcialmente estimado por el Acuerdo núm. 12 de 19 de diciembre de 2003, reduciéndose la sanción a la de cuarenta días de multa con cuota diaria de doce euros. En cuanto a la invocación del derecho a la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa se desestima al considerar que no ampara “una conducta de tanta gravedad como la de imputar a un Juez y a un Fiscal una actitud coactiva sobre los testigos que deponían en juicio, cuando aquellos simplemente se limitaban a ponerles de manifiesto las evidentes contradicciones de sus declaraciones con las emitidas en la fase de instrucción y a apercibirles, conforme al art. 433 LECrim, de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio, atribuyendo además a la Juzgadora falta de imparcialidad al socaire de una recusación que fue rechazada de plano, al no estar comprendida aquella entre las causas contempladas en el art. 218 LOPJ”.
El Tribunal Constitucional estima el amparo.