[ACTUALIDAD DIARIA]

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Un estado miembro puede obligar a los operadores de televisión a destinar una parte de sus ingresos de explotación a la financiación de películas cinematográficas y de televisión europeas

(publicado en Actualidad Diaria 1408 el 5 de marzo de 2009)

La normativa nacional también puede establecer que se destine un porcentaje específico de financiación a obras cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales de dicho Estado miembro
La normativa española por la que se adapta el Derecho español a la Directiva sobre radiodifusión televisiva  obliga a los operadores de televisión a destinar el 5 % de sus ingresos de explotación del ejercicio precedente a la financiación anticipada de películas cinematográficas y de televisión europeas. El 60 % de dicho 5 % debe forzosamente destinarse a la producción de obras cuya lengua original sea cualquiera de las lenguas oficiales de España.
La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo en el que solicitaba la inaplicación de dicha normativa por infringir determinadas disposiciones de Derecho comunitario.
El Tribunal Supremo decidió plantear una cuestión al Tribunal de Justicia para averiguar si la normativa española es compatible con la Directiva sobre radiodifusión televisiva y con determinadas disposiciones del Tratado.
El Tribunal de Justicia recuerda que los Estados miembros están facultados para prever normas más estrictas o más detalladas que las contenidas en la Directiva. Sin embargo, tal competencia debe ejercerse respetando las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado.
El Tribunal de Justicia afirma, en primer lugar, que, al obligar a destinar un determinado porcentaje a la financiación de obras cuya lengua original sea una de las lenguas oficiales de dicho Estado miembro, la medida constituye una restricción a varias libertades fundamentales, concretamente a la libre prestación de servicios, a la libertad de establecimiento, a la libre circulación de capitales y a la libre circulación de trabajadores. Sin embargo, tal restricción puede estar justificada por razones imperiosas de interés general, siempre que sea adecuada para garantizar la realización del objetivo perseguido y no vaya más allá de lo necesario para lograrlo.
En el presente asunto, el Tribunal de Justicia considera que las razones culturales de defensa del multilingüismo español, en las que se basa la medida controvertida, constituyen una razón imperiosa de interés general. Dado que dicha medida establece una obligación de invertir en películas cinematográficas y para televisión cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales de dicho Estado miembro, resulta adecuada para garantizar la consecución de tal objetivo. Además, tal medida no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido. El hecho de que un criterio lingüístico pueda constituir una ventaja para las empresas beneficiarias de la financiación, que son, mayoritariamente, empresas productoras de cine establecidas en ese Estado miembro, no constituye, por sí solo, una prueba del carácter desproporcionado de la medida controvertida, so pena de vaciar de sentido el reconocimiento, como razón imperiosa de interés general, del objetivo perseguido por un Estado miembro de defender y promover una o varias de sus lenguas oficiales.
El Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que el Derecho comunitario no se opone a una medida, adoptada por un Estado miembro, que obliga a los operadores de televisión a destinar el 5 % de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas y de televisión europeas y, más concretamente, el 60 % de dicho 5 % a obras cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales de dicho Estado miembro.
Por lo que se refiere a la compatibilidad de tal medida con la normativa en materia de ayudas de Estado, el Tribunal de Justicia, tras recordar los requisitos que deben concurrir para que una financiación pueda calificarse de ayuda de Estado, declara que, en el presente asunto, la ventaja que proporciona la medida controvertida a la industria cinematográfica no constituye una ventaja otorgada directamente por el Estado o por medio de un organismo público o privado designado o instituido por este Estado. En efecto, tal ventaja resulta de una normativa general que se impone a todos los operadores de televisión, independientemente de que sean públicos o privados. Además, en la medida en que la disposición controvertida se aplica a operadores de televisión públicos, la ventaja conferida no depende del control ejercido por los poderes públicos sobre tales operadores o de directrices impartidas por estos mismos poderes a tales operadores.
El Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que las medidas en causa no constituyen una ayuda del Estado en beneficio de la industria cinematográfica.

 Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (DO L 298, p. 23), modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997.