[ACTUALIDAD DIARIA]

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Consentimiento informado cuando el paciente es médico. No cambia la obligación de informar igual que a cualquier paciente.

(publicado en Actualidad Diaria 2064 el 25 de noviembre de 2011)

En la sentencia ahora recurrida en casación, desestima la Sala de instancia el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución que rechazó la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios que el reclamante, luego actor y hoy recurrente en este grado, entiende causados por la intervención quirúrgica que se le practicó en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol en fecha 25 de abril de 1997.
Los dos únicos motivos de casación se refieren sólo al tema o cuestión del consentimiento informado.
El primero afirma que aquella sentencia infringe por interpretación errónea el art. 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad ; y, también, la ley 41/2002, de 14 de noviembre , Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. En él se argumenta, dicho aquí en apretada síntesis, que "es evidente" que la información ofrecida al paciente "no fue ni mucho menos completa, pues se eludieron en la misma dos elementos extremadamente importantes, como son la posibilidad de un tratamiento distinto (o, en este caso, práctica de la intervención de modo distinto), y la posible consecuencia, ciertamente extraña y poco común, de la paraplejia en estas intervenciones". Concretando después que "no se le informó de la conveniencia (o simplemente la posibilidad) de disponer del control de potenciales evocados en otro centro médico, y del hecho de que dicha técnica podría comportar beneficios importantes al paciente".
Y, el segundo , tacha de discriminatorio el razonamiento de la sentencia que deduce el conocimiento de los riesgos de la operación del hecho o circunstancia de que el actor sea médico de profesión. Argumenta que su especialidad es la pediatría y que ésta está totalmente alejada de la neurocirugía, por lo que es mucho suponer que sus conocimientos alcanzaran a poder valorar todas las posibles consecuencias de una intervención que en todo momento se ha calificado como muy compleja, y mucho menos a proporcionar noticia de la totalidad de medios técnicos existentes para el control del estado del paciente en este tipo de intervenciones. A lo que añade, por último, que ni la legislación ni la jurisprudencia discriminan en ningún caso la obligatoriedad del consentimiento informado en función de la profesión del paciente.
El Supremo estima el recurso del actor y declara su derecho a ser indemnizado.