[ACTUALIDAD DIARIA]

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Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre el Valor Añadido. Sanciones tributarias. Sanción a una sociedad por hechos que, según declaró la jurisdicción penal, eran imputables al director general y desconocidos por la sociedad y su administrador.

(publicado en Actualidad Diaria 3854 el 16 de octubre de 2018)

El objeto de esta sentencia consiste en determinar si la pronunciada por la Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, impugnada en casación por la representación procesal de R, S.L., es o no conforme a Derecho, para lo cual resulta forzoso recordar nuevamente los hechos del litigio que han de reputarse probados:

a) En las autoliquidaciones correspondientes al impuesto sobre sociedades del ejercicio 2006 y al impuesto sobre el valor añadido de los ejercicios 2006 y 2007, U, S.L. incorporó -deduciendo el porcentaje correspondiente- el importe de determinadas facturas que se correspondían con compras no efectuadas por la entidad, pues -a pesar del reflejo contable de tales documentos- las facturas no respondían a una efectiva y real prestación de servicios retribuidos a terceros.

b) Como consecuencia de tales autoliquidaciones, el contribuyente dejó de ingresar cuotas positivas u obtuvo bases negativas a compensar en ejercicios futuros.

c) La sociedad como tal era completamente ajena a la operativa descrita, pues se limitó a contabilizar unas facturas (y a dar por buenas tanto su existencia como la veracidad de la operaciones que documentaban) que fueron confeccionadas, a sus espaldas, por el Director General de la compañía, que tenía plenos poderes tanto para la emisión de aquellos documentos como para ordenar el pago.

d) Iniciado un procedimiento penal para investigar tales hechos (tanto en relación con la conducta del Director General, como respecto de la actuación de la compañía), el mismo concluyó con un auto de sobreseimiento provisional respecto de US, S.L. en relación con un posible delito fiscal cometido en el ejercicio 2007 (único ejercicio en el que aparecía la referida sociedad como investigada). En dicho auto -firme- señala el órgano judicial que no existen indicios de que la mercantil hubiera participado en los hechos analizados (creación artificial de facturas falsas), acogiendo así el criterio del Fiscal del caso según el cual aquellos hechos "no han sido cometidos por U, S.L. con conciencia clara y precisa del deber de pagar y la voluntad de infringir ese deber, sino por el querellado Arsenio , con la colaboración del resto de querellados para poder obtener un beneficio económico injusto y sin el consentimiento de U, S.L.", a quien habría perjudicado económicamente aquel comportamiento mucho más que el beneficio que se habría obtenido al incluir las facturas en las liquidaciones tributarias correspondientes".

Todo el debate -en vía administrativa y en sede jurisdiccional- giró alrededor de una cuestión esencial: si cabía reputar como culpable la conducta de U, S.A. consistente en dar carta de naturaleza a aquellas facturas, incorporándolas a sus autoliquidaciones tributarias y obteniendo, así, la ventaja fiscal correspondiente cuando se había constatado por la jurisdicción penal mediante resolución firme que la citada compañía (i) no participó en la confección de las facturas, (ii) era ajena a la operativa que documentaban y (iii) resultó perjudicada por la actuación reflejada en aquellos documentos, pues las facturas se abonaban por la propia sociedad a terceros que no habían realizado servicio alguno que debiera retribuirse.

El Supremo estima el recurso.